PERDIO SU BRAZO...

Franns Rilles Melgar, inmigrante boliviano de 33 años perdió su brazo izquierdo en una de las máquinas de hacer pan que tenían en la fábrica ubicada en la localidad de Gandía- Valencia, donde trabajaba sin contrato, sin papeles, sin cotizar en la seguridad social, trabajando doce horas diarias, en definitiva sin los más mínimos derechos consagrados en la constitución política del Estado Español. Pero lo que más me indigna de este caso es la forma en que fue tratado Franns por su empleador, un hombre sin escrúpulos que lo que pretendía era simplemente cubrirse sus espaldas, ya que ni siquiera fue capaz de llevar al herido directamente al hospital, lo dejo tirado a unos 200 metros aproximadamente de la entrada de urgencias, advirtiéndole al infortunado trabajador que diga que a sido un accidente, y que no ocurrió en su fábrica, falseando por completo la veracidad de los hechos.

La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del accidente para recuperar el miembro, por si había alguna posibilidad de reimplantarlo en el hospital Virgen del Consuelo de Valencia , pero se deshecho la idea al estar el brazo en muy mal estado, los propietarios de la fábrica lo habían tirado a la basura y habían limpiado todo para no dejar rastros ni huellas.

Este tipo de situaciones se dan y se seguirán dando, no solo en población inmigrante sino a nivel general si el gobierno lo sigue permitiendo sin sancionar con todo el peso de la ley a este tipo de infractores deshumanizados y sin escrúpulos. En una última noticia publicada por el diario el Mundo de día 12 de junio me entere que el Gobierno regularizará a este joven boliviano, por razones extraordinarias argumentó, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, como si esto fuera la solución al problema; ¿quien le devuelve el brazo a Franns?, el darle papeles pues no, eso no le devolverá el poder hacer una vida normal a esta persona.

Los hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía y la panificadora ha sido clausurada por la Guardia Civil. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandía ha citado a los dueños del negocio como imputados; podrían enfrentarse a una pena de entre seis y diez años de cárcel, espero que sea así y sirva de precedente, ya el tiempo lo dirá...